San Salvador, 18 de Febrero de 2021.- El presidente del Consejo Superior de Salud Pública, Daniel Quinteros, RATIFICA el comunicado publicado el día 17 de febrero en las Redes Sociales de CSSP, respecto de su opinión sobre la nueva Ley del Consejo Superior de Salud Pública que pretenden aprobar los diputados de la Asamblea Legislativa, a iniciativa de ARENA y FMLN (iniciativas 1093-7-2019-1 y 1146-8-2019-1).
Dicha ratificación aplica a todo el comunicado, excepto al párrafo 4º, que en su parte final que hace referencia al incremento en las dietas para miembros de Consejo Directivo, ya que ha sido interpretado como si Consejales y Vocales de Juntas se hubiesen puesto de acuerdo en entregar su autonomía a cambio del incremento de las dietas, lo cual no es cierto y pone en riesgo la honorabilidad de Consejales y Vocales de Juntas; por lo que se aclara que tal contenido del párrafo 4º parte final, no se expuso con la finalidad mencionada.

En ese sentido, el comunicado queda de la siguiente manera:

En su calidad de presidente del Consejo Superior de Salud Pública, Daniel Quinteros, informa a la población sobre los riesgos de la nueva propuesta de ley para regir el funcionamiento de esta institución, normativa que los partidos ARENA y FMLN han presentado en la Asamblea Legislativa.

La ley de los diputados atenta contra la salud del pueblo, dejando sin armas legales a este Consejo, puesto que elimina las atribuciones de vigilar y regular el ejercicio profesional a través de las Juntas de Vigilancia, órganos que no podrán sancionar casos de negligencia ni cometimiento de infracciones que puedan producir daños temporales, permanentes o la muerte en la población usuario de los servicios de salud.

En cuanto a la supervisión específica de los establecimientos privados de salud, la ley suprime la figura del Regente, perfil encargado de garantizar que dichos centros cumplan con lo mínimo requerido para brindar un servicio de calidad.
El presidente del Consejo lamenta, además, que los diputados busquen utilizar a esta institución como instrumento político para atacar el trabajo del Sistema Nacional de Salud.

La ley plantea que los fondos para el funcionamiento del Consejo ya no sean asignados a través del Ministerio de Salud. Es importante recordar, que el Consejo Superior de Salud Pública es una corporación de derecho público, con atribuciones constitucionales de velar por la salud del pueblo establecidas en el artículo 68 de la Constitución de la República. A través de las Juntas de Vigilancia, el Consejo realiza su trabajo de regular, vigilar y autorizar el ejercicio profesional.

Queremos continuar garantizando a la población una prestación de servicios de calidad en el área de salud, tanto en el ámbito público como privado, pero la nueva ley limita nuestra actuación y nos imposibilita cumplir con nuestras atribuciones constitucionales.